Compartir sábado, 06 de marzo de 2010. UN PASO ATRÁS EN MATERIA DE JUSTICIA UNIVERSAL
ENTREVISTA AL ABOGADO ANTONIO SEGURA HERNÁNDEZ
El pasado mes de mayo, el Congreso de 105 Diputados aprobó limitar la Justicia Universal ¿qué significa este
recorte?
El recorte aprobado por el PP y el PSOE consolida la impunidad de los autores de crímenes contra la
humanidad en nuestro país.
¿Qué intereses existen detrás de esta decisión política?
Hay una suma de intereses, que mejor sería llamar componendas políticas antidemocráticas, de los
gobiernos hacia intereses económicos particulares, es decir intereses que no son los de la mayoría de la
sociedad, si no la de los "Iobbys" cercanos a los partidos, e incluso intereses de no perder el poder tal y
como se diseñó tras la mal llamada transición. No hay duda que cuando las querellas se interponen contra dirigentes de países del tercer o segundo
mundo, no les preocupa; el problema se planteó cuando las querellas por los mismos crímenes se dirigieron
contra países a los que estos partidos, por alguna razón, deben pleitesía. Tampoco hay que olvidar el
miedo que se tiene a que en España, donde durante el franquismo también se han cometido este tipo de
crímenes contra la humanidad, se empiece a plantear la necesidad de juzgarlos.
Todo ello sumado, ha unido a PP y PSOE para crear una pinza que concede un espacio claro a la impunidad
en nuestro país, abandonando las obligaciones contraídas formalmente con la comunidad internacional
tras la dictadura, para poder formar parte de la misma.
¿Qué capacidad tiene un Gobierno para limitar la acción de Justicia universal?
En DDHH, inmigración, asilo, jurisdicción universal, etc., el PP y el PSOE funcionan como un partido único
con dos papeletas, sólo ellos tienen casi el 90% del Congreso y el Senado, el 90% del Consejo General del
Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, tienen capacidad para invadir países
ilegalmente y sin responsabilidad, pueden prohibir partidos políticos, pueden frenar la jurisdicción universal
incumpliendo tratados internacionales. Lo cual no es reflejo directo de la voluntad de los hombres y
mujeres a los que representan y delegaron en ellos su soberanía; quiero recordar que el PSOE, ni siquiera en
su programa electoral llevaba esta reforma de la Jurisdicción Universal. Creo que es necesario otro sistema
electoral, otro sistema de elección de los Tribunales mencionados y del Consejo General del
Poder Judicial, en suma otro sistema. El recorte de la jurisdicción universal no es más que un ejemplo del déficit democrático de este país.
¿En qué casos se ha actuado a través de la Justicia Universal y con qué resultados?¿Qué pasará a partir
de ahora?
A través de la Justicia universal se juzgan a diario y desde hace muchos años en la Audiencia Nacional,
no sólo los violaciones más graves de los DDHH, también en la persecución del narcotráfico se utiliza esta
jurisdicción, o si no ¿cuál es el punto de conexión de un barco panameño con droga colombiana, tripulación
tailandesa, capturado en alta mar por la agencia tributaria española?
En cuanto a los casos de DDHH se han abierto muchos procedimientos desde el año 1996, Argentina,
Chile, Guatemala, el Salvador, Ruanda, Tíbet, Gaza, Guantánamo, pero el único que ha alcanzado hasta la
fecha una sentencia efectiva es el de Argentina, en el cual participé y tengo el honor de haber sido el abogado
de la Asociación Argentina Pro-derechos humanos, la única acusación que solicitó para el militar
argentino Adolfo Schilingo la condena por crímenes contra la humanidad (lesa humanidad), por lo que fue condenado. El resto siguen sin haber conseguido llegar a una condena.
¿Afectará a procesos abiertos?
La nueva reforma afectará a los nuevos procedimientos, y a los ya existentes, ya que deja a la discrecionalidad
de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional el archivo de cualquiera de los procedimientos
desde el momento que en el país de los hechos conste la existencia de una investigación (fraudulenta
o no) pero sólo investigación, con lo que bastaría con que se abra dicha investigación para que la Audiencia
Nacional archive. IMPUNIDAD A LA CARTA. El caso de Gaza, aunque lo hemos recurrido, ha sido archivado,
porque dicen que una comisión militar israelí de valoración del ataque es investigación suficiente.
ANTONIO SEGURA HERNÁNDEZ. Abogado y miembro de la Plataforma Contra la Impunidad en Defensa de la Justicia Universal. Abogado del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, de CEDSALA y AAPG
En la querella por Crímenes contra la Humanidad de Guatemala.
PERE RÍOS - Barcelona - 09/03/2010 Entrevista a Carlos Jiménez Villarejo Carlos Jiménez Villarejo, fiscal Anticorrupción de 1995 a 2003, cuando el PP forzó su relevo, participa activamente en el movimiento ciudadano de apoyo a Baltasar Garzón. El sábado viajó a Jaén para tomar parte en un acto de respaldo al juez. "Jueces y fiscales han estado 25 años comiendo en la mano de la banca" Pregunta. ¿Cree que existe una cacería contra el juez Garzón, como se ha dicho en algunos sectores? Respuesta. Las intenciones me son indiferentes. Yo me atengo a los hechos objetivos de las resoluciones judiciales y de los escritos de las partes. Y de ellos se desprende que hay un acoso organizado y sistemático contra el juez, sobre todo si se estudia cómo se han producido las querellas, perfectamente calculadas y estudiadas. Me preocupa porque supone la persecución de un juez que es un ejemplo. P. ¿Qué le parece que el Tribunal Supremo permita ejercer la acusación a Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel? R. Me parece un atropello desde el punto de vista del derecho procesal. No es posible que una persona que está siendo perseguida por la justicia penal por delitos graves, como el blanqueo de capitales, se pueda constituir como parte para perseguir al juez que acordó las intervenciones telefónicas que son uno de los fundamentos probatorios contra él. ¿Por qué ha sido ofendido este señor para que se le permita acusar? Es él quien está siendo investigado. P. Pese a ello, ha logrado que se admita una querella contra Garzón. R. La admisión de esa querella constituye la forma más grave producida hasta ahora en España de alianza objetiva de los tribunales y los corruptos, porque transmite un mensaje evidente de amparo de sus conductas y de posible impunidad. Si la respuesta a la actuación judicial es la persecución del juez, consentida y tolerada por el Tribunal Supremo, incluso por magistrados progresistas, aún se pone más de relieve que la persecución de la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente. P. ¿Cree que la ciudadanía entiende que se admitan las querellas contra el juez por actuaciones tan diversas como el caso de las fosas, la trama Gürtel y los cursos subvencionados por el Banco de Santander? R. Lo que ha acordado el Supremo no se puede sostener ni jurídica, ni social, ni moralmente. No es admisible y socava los cimientos del Estado democrático, porque es poner al poder judicial bajo los pies de los caballos de los corruptos. Y eso significa que los corruptos han conseguido ya una victoria al someter a un proceso penal por prevaricación al juez que se ha atrevido a investigarlos. Eso significa para el Estado de derecho una inmensa derrota jurídica y moral. P. Lo ha acordado el Tribunal Supremo, la cúspide del sistema judicial español. R. El Tribunal Supremo no está libre del error, que nadie crea que son más inmunes. Son tres querellas admitidas y tres errores que demuestran el poder que tiene la extrema derecha en España, capaz de someter objetivamente al Tribunal Supremo a sus dictados. En los tres casos ha sido menospreciada la postura de la fiscalía y las decisiones del Supremo se sostienen únicamente sobre los argumentos de la extrema derecha y del Partido Popular. Y esto es dramático para un país, porque están aflorando las sombras del pasado. P. ¿Es delictivo participar en unos cursos subvencionados por un banco y que luego se archive una causa contra directivos de ese banco? R. Llevamos 25 años en que las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, han celebrado congresos comiendo en la mano de los bancos y cajas de ahorro, que han aportado cantidades importantes, han pagado gastos de alojamiento y seguramente algo más. ¿Por qué no se preguntan los jueces y fiscales cómo encaja esto en el ejercicio libre e independiente de su función si cualquiera de ellos ha tenido algún asunto con las entidades que les han subvencionado tan generosamente?
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CARLOS SLEPOY 02/03/2010 La inaudita y despiadada persecución judicial que está sufriendo Baltasar Garzón excede a su persona. Sin perjuicio del odio visceral que trasluce el dislate jurídico que contra él han puesto en marcha algunos magistrados, es el propósito de enterrar la posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo y de lanzar al mismo tiempo el mensaje urbi et orbide que hay que acabar con esas exóticas ideas de justicia universal y lucha judicial contra la impunidad, lo que explica el desafuero que se está cometiendo, para pasmo y estupefacción de aquellos que creían que la judicatura española estaba en primera línea en la persecución de genocidios y crímenes de lesa humanidad.
Contraviniendo la Constitución española, el Derecho Internacional, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina de la que un día supo hacer gala el propio Tribunal Supremo, miembros de este tribunal se proponen inhabilitar a Garzón por cumplir lo que esas normas y esa doctrina establecen. Le imputan, nada más y nada menos, que el haber dictado a sabiendas resoluciones injustas por haber tenido la osadía de pretender investigar crímenes que sólo se justifica que aún no estén juzgados por la impunidad que se ampara en la Ley 46/1977 de 15 de octubre, de Amnistía, cuya declaración de nulidad ha sido instada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.Esta ley, sostienen estos jueces, impediría investigar los crímenes del franquismo. Garzón, dicen, no podía ignorarlo.
Pero lo no que pueden ignorar quienes desde la cúspide del Poder Judicial así opinan es que, si esta ley es entendida en el sentido de que impide el ejercicio de la acción penal contra quienes han cometido crímenes lesivos para la humanidad, vulneraría los artículos 10.2 de la Constitución, que establece que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, y 96.1, que señala que dichos tratados formarán parte del ordenamiento jurídico interno. También se opondría semejante interpretación de esta ley al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que determina que serán juzgados y condenados quienes cometan actos delictivos según los principios generales del Derecho Internacional; la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que todo tratado obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, y que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado; la Convención contra el Genocidio; la Convención contra la Tortura; la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, todos ellos firmados por España. Éstos y otros acuerdos, principios y normas imperativas del Derecho Internacional establecen la imprescriptibilidad de estos crímenes y señalan que sus responsables no pueden en ningún caso beneficiarse de leyes de impunidad.En el colmo del despropósito, el Tribunal Supremo juzgó y condenó al represor argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina sosteniendo que los mismos pueden y deben ser perseguidos por ofender a la comunidad internacional, siendo inhábiles cualesquiera leyes que los amparen. Ahora, cuando el mismo juez español que procesó a aquél pretendió investigar delitos del mismo tenor cometidos por españoles contra españoles en España, algunos de sus miembros lo tildan de prevaricador y pretenden juzgarlo. La torcida interpretación que se hace de la Ley de Amnistía y la negativa a juzgar hechos ilícitos no sólo sumen en el descrédito y la vergüenza, nacional e internacional, a la Administración de Justicia española, sino que desamparan a los cientos de miles de víctimas que en su día lucharon por defender la legalidad republicana y por eso sufrieron muerte, desaparición y destierro, y a sus familiares que, pasados ya casi setenta años del comienzo de la acción criminal, todavía deben seguir reclamando reparación y justicia.En Alemania, Francia e Italia se sigue juzgando a los responsables nazis por hechos cometidos antes de los que Garzón imputaba a los asesinos españoles. En Argentina, Chile y Uruguay se juzga a criminales que pretendieron ser amparados con leyes que los exoneraban de responsabilidad penal.Hasta el presidente de la Audiencia Nacional, tribunal en su día admirado mundialmente por declarar la competencia de la justicia española para investigar y juzgar el genocidio cometido en el Cono Sur de América, se permite decir que lo de juzgar los crímenes franquistas es opinable. Nada hay opinable en esta materia: los crímenes contra la humanidad cometidos por el fascismo español pueden y deben ser juzgados.Hay prevaricadores, pero Garzón no es uno de ellos. Los prevaricadores son los que se han opuesto a la investigación de los crímenes de la dictadura y los que contra este juez vienen dictando resoluciones manifiestamente injustas. A ellos debe serles aplicada la sanción que el Código Penal prevé para quienes lo hagan a sabiendas, lo que debe suponer, dadas sus altas investiduras, inhabilitación absoluta para todo empleo o cargo público de 10 a 20 años. A esta pena deberían enfrentarse cuando cese el desvarío y sean restablecidos el derecho y la justicia. Carlos Slepoy, abogado argentino, es especialista en temas de Justicia Universal y premio internacional de Derechos Humanos 2008.
AUGUSTO HOYO LAO - Melilla - 28/02/2010 A mis hijos les gustaba escuchar el cuento de Gloria Fuertes El mundo al revés. Varios años después me vuelve a la memoria al observar la situación de nuestro país. Hace ahora 73 años, Augusto Lao García fue arrancado de su vivienda y de su familia y fusilado cuando contaba con 32 años de edad. Su delito era haber trabajado desde que tenía uso de razón y tener un espíritu comprometido, cofundando un partido político. Jamás empuñó un arma. Ellos formaron parte de los cientos de miles de víctimas de un plan criminal para acabar con la República y con sus valores. Más de 70 años después, el juez Baltasar Garzón vive un calvario y podría sentarse en el banquillo por haber promovido la justicia que las víctimas del franquismo reclaman y que, durante tanto tiempo, nadie se atrevió a instruir. La acusación parte, ni más ni menos, que de la Falange Española y otros grupos nostálgicos del franquismo. Tras 32 años de democracia, las calles de nuestros municipios siguen homenajeando, con su denominación, a miles de falangistas y militares rebeldes. En las cunetas de nuestros campos se amontonan miles de restos que no tienen derecho ni a una digna sepultura.La sombra del franquismo está resultando demasiado larga y su propaganda aún produce efectos. Algo en este país no va bien y no es sólo su economía. Esta España nuestra sigue al revés.
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Miércoles, 10 de Marzo de 2010 09:00 | 
Author: Bartolo.Histórico | 
