Opinión

nadie debe ser juzgado por investigar violaciones de derechos humanos

Amnistía Internacional.

El Tribunal Supremo debe tener en cuenta en el proceso las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España.

 

El próximo 24 de enero comienza en el Tribunal Supremo el proceso judicial contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que se persigue penalmente al magistrado, actualmente suspendido, por haber iniciado una investigación sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra civil y el franquismo.

Amnistía Internacional considera escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos. La investigación de los abusos contra los derechos humanos es una obligación de derecho internacional para el Estado español, incluyendo el Poder Judicial en su conjunto.

Al juez de la Audiencia Nacional se le acusa de un presunto delito de prevaricación por haber abierto una causa en la Audiencia Nacional para investigar la desaparición forzada de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. A Garzón se le acusa, entre otras cuestiones, de no aplicar a sabiendas  la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso.

Amnistía Internacional considera irrelevante que la investigación del juez Garzón infringiera o no la legislación nacional española, ya que es justamente la Ley de Amnistía de 1977 la que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, la que supone un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional. Para la organización, jamás puede considerarse como delito la investigación de violaciones de derechos humanos, aún si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnistía u otras normas relativas a la prescripción de los delitos.

Además, es profundamente preocupante la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo. Una de las investigaciones de Amnistía Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones definitivas se harán públicas este año, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigación de dichos crímenes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisión final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón.

Tal investigación parece demostrar asimismo que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos. La organización considera que este hecho está afectando de manera grave los derechos de las víctimas y sus familias. 

Por otra parte, Amnistía Internacional urge a las autoridades españolas a que centren sus esfuerzos en revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparación plena a las víctimas y a sus familias..

En consecuencia, Amnistía Internacional insta al Tribunal Supremo a que se pronuncie en línea con las obligaciones de derecho internacional que pesan sobre España, aplicando los tratados internacionales suscritos por este país que prohíben la aplicación de la amnistía o la prescripción a los delitos de derecho internacional, entre los que figura la desaparición forzada de personas.


Información adicional

Los hechos que se cometieron durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista eran ya reconocidos como crímenes de derecho internacional en el momento de su comisión.

Los efectos legales que se derivan de la condición de crímenes de derecho internacional son, entre otros, la imprescriptibilidad de la acción penal y la prohibición de aplicar amnistías o indultos a las personas responsables de tales conductas, hasta tanto se haya celebrado un proceso judicial independiente e imparcial donde se dilucide plenamente la verdad de los hechos y se diriman las responsabilidades penales correspondientes. 

La Ley de Amnistía de 1977 y otros mecanismos de impunidad han sido invocados expresamente para perseguir a un juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, de la ONU, han señalado que España debe revocar la Ley de Amnistía. Han reiterado a las autoridades españolas que la desaparición forzada y la tortura son crímenes por los que no pueden aplicarse amnistías y que no prescriben.


 

 

QUIERO SER ARGENTINO

AMADOR Rivera. 30/12/2011. EL Periódico de Extremadura

Cuando el juez Garzón abrió una investigación sobre los crímenes de la dictadura argentina, los medios de comunicación y buena parte de la sociedad española aplaudieron la iniciativa; y al propio juez. Después, el gobierno de aquel país derogó las leyes que certificaban la impunidad de los asesinos y los jueces les están condenando por sus asesinatos.

 

Pasados unos años de aquello, nos encontramos con que una jueza argentina ha iniciado la investigación sobre la dictadura española. En este caso, no es que no haya aplausos para la valentía de esta jueza, sino que, por haber intentado hacer lo mismo aquí, al juez Garzón lo han inhabilitado y sometido a juicio sin, en muchos casos, respetar la presunción de inocencia que se invoca para otros.

Debe ser que España sigue siendo diferente, como en los tiempos oscuros de la dictadura.

 

 Tan ensimismados hemos estado políticos y medios, glosando la transición democrática como ejemplo, que no hemos dudado en señalar la vía española a la democracia como el camino a seguir por los países que salen de una dictadura, sean de América Latina o de Africa. Es cierto que aquí se hizo lo que se podía hacer en aquel momento, pero no lo es menos que, una vez pasado el tiempo, a nadie le ha interesado profundizar en los cambios necesarios para lograr una democracia plena, algo que no se puede lograr sin resarcir a las víctimas del franquismo y sus familias --pidiéndoles perdón, como se le exige a ETA con las suyas-- y, por supuesto, sin señalar a los responsables y ejecutores de tantos crímenes cometidos en nombre de la patria, entendiendo como tal los intereses de unos pocos.

 

En modo alguno estoy hablando de venganza, sino de justicia. Justicia para las personas asesinadas por el "delito" de pensar diferente, y reconocimiento para sus familiares que, en muchos casos, no saben dónde están los restos de sus seres queridos. Una justicia y reconocimiento que se les niega en nombre de la reconciliación o, como nos dicen quienes defienden de tapadillo la barbarie franquista, para "no reabrir heridas". Unas heridas que siguen sangrando en los corazones de quienes perdieron a sus familiares o los saben enterrados, como perros, en cualquier cuneta.

 

Para estas personas debe ser muy triste observar cómo, mientras se les niega la posibilidad de enterrar como personas a sus padres o abuelos, se sigue honrando a sus asesinos, manteniendo sus nombres en las calles de los pueblos y ciudades en los que viven. Una burla que solo es entendible en este país. Como que sigamos manteniendo instituciones heredadas del franquismo, como la Monarquía, dicho sea con todo el respeto a la legalidad vigente.

 

 Una legalidad que no recuperaremos del todo hasta que ajustemos las cuentas con un pasado tan doloroso como negro; además de muy largo. En estos momentos, yo que no he sufrido la amputación de ningún familiar por sus ideas, querría ser argentino. O ciudadano de una España sin desaparecidos; ni calles con nombres de asesinos. Es mi deseo para el 2012. 
 

La Herencia Franquista !!Presente!!


Marcel Félix de San Andrés Sánchez
Con anterioridad al 22M, aunque esporádicamente, España vivía hechos que rayaban los límites de lo que en países de nuestro entorno está tipificado como delito de “negacionismo”. Revisar la historia para justificar el nazismo está penalizado en Alemania, Austria, Bélgica, Suiza, Lichtenstein, Países Bajos... Este verano y tras el traspaso de poder en varias comunidades autónomas los hechos se han multiplicado y la línea roja se ha traspasado.
La actitud de los ediles populares ha pasado de oponerse a la condena del franquismo a directamente recuperar su simbología y día tras día asistimos a la celebración de actos claramente franquistas y al renombrado de calles para José Antonio Primo de Rivera y militares golpistas. No son hechos aislados, es la consecuencia de una herencia que aún está muy presente.
Altos cargos del Gobierno y del Partido Popular poseen apellidos más que venerados por los defensores de Franco, por no hablar de los que ocuparon puestos institucionales de gran relevancia en la dictadura y los han ocupado en la gobernación actual, que “haberlos, hailos”, como dicen en Galicia, pues allí mandaba quien fuera ministro de Franco, Manuel Fraga Iribarne. El apellido Fraga es un ingrediente básico en la salsa del PP, más aún al unirse al de Robles, cuando Elisa Fraga Iribarne se casó con Carlos Robles Piquer, otro franquista de elite. De esta unión salieron dos nombres importantes del organigrama popular, ya sea de gobierno o de partido: el de José María Robles Fraga y el de su hermana Elisa. Ambos ocuparon distintos puestos de responsabilidad hasta 2004. La saga gallega se completa con el ex ministro Romay Beccaría y Álvaro Lapuerta, ex tesorero nacional de PP.
A nadie debe extrañar la larga lista de nombres populares vinculados al viejo régimen si se tiene en cuenta que al propio José María Aznar le viene el apellido de cercanos colaboradores de Franco. Su abuelo Manuel Aznar Zubigaray fue catalogado como el “periodista del régimen” y su padre, Manuel Aznar Acedo, también ocupó puestos relevantes en la radio y la televisión franquista. Por buena parte de los ex ministros de Aznar planea la sombra del dictador.
Así ocurre con el ex ministro portavoz, Pío Cabanillas, hijo de Pío Cabanillas Gallas; Josep Piqué, ex ministro de Asuntos Exteriores, hijo de Josep Piqué, el último alcalde franquista de Vilanova i la Geltru; Jesús Posada, ex ministro de Administraciones Públicas, hijo del que fuera gobernador civil de Soria con Franco. Quizá quien más peso franquista lleve en su apellido es Federico Trillo que tuvo en su padre a un importante y variado colaborador del dictador en la región de Murcia.
El apellido Oreja es otro de los grandes del PP con pasado franquista. Jaime Mayor Oreja y su hermano Carlos, ex consejero de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, son sobrinos del que fuera subsecretario del Ministerio de Información y Turismo, Marcelino Oreja Aguirre. Sin duda, una de las mayores redes de descendencia franquista es la que ha creado el apellido Fernández-Miranda. Enrique Fernández-Miranda Lozana es hijo de Torcuato Fernández-Miranda y Hevia, quien, además, le prestó otros retoños al franquismo y al PP, pues sus sobrinos Manuel y Alfonso ocuparon cargos con Franco y con el primer Gobierno Aznar.
 También la ex ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante goza de pasado franquista ya que es hija del que fuera juez del Tribunal de Orden Público, Jaime Mariscal de Gante. El suma y sigue de los hijos del franquismo pasa por Juan Chozas emparentado con Chozas Bermúdez, Gabriel Elorriaga hijo de Gabriel Elorriaga Fernández y Gustavo de Arístegui San Román, que tiene antecedentes franquistas por parte de padre y tío.
También Víctor Torre de Silva y López de Letona ex subsecretario del Ministerio de Defensa cuenta con un apellido de gran sonoridad franquista: es nieto de José María López de Letona, que fue ministro de Industria.Otro apellido con pedigrí es Calvo Sotelo. Los hijos del ex presidente Leopoldo Calvo-Sotelo también ostentaron cargos en el primer Gobierno Aznar. Leopoldo, fue subsecretario de Estado del Ministerio de Interior y Víctor ocupó el mismo cargo en el Ministerio de Fomento. No puede quedar en olvido el apellido Fernández-Cuesta del que fuera secretario de Estado de Energía del primer Gobierno Aznar, Nemesio Fernández-Cuesta. El susodicho es hijo de Nemesio Fernández-Cuesta y nieto del fundador, junto a José Antonio Primo de Rivera, de Falange Española, Raimundo Fernández-Cuesta.
En la lista de ex altos cargos del primer Gobierno Aznar que descienden de franquistas de pro, si es que no lo fueron ellos mismos, están Abel Matutes, Rafael Arias-Salgado, Fernando Arias-Salgado, Mónica Ridruejo, Enrique Giménez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda, cargo del que dimitió por ser el protagonista del mayor escándalo financiero del Gobierno popular, el caso Gescartera. En el nivel autonómico también abundan los retoños franquistas, como Julia García-Valdecasas, ex delegada del Gobierno en Cataluña, hija de Francisco García-Valdecasas, conocido por su actuación represiva en la universidad de Barcelona. Otro hijo del franquismo es el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cuyos padre y abuelo ocuparon destacados cargos bajo el mandato de Franco.
También es conocida en Canarias la tradición franquista de la familia de los Jorge, cuyos miembros pertenecen al núcleo duro del partido popular.Con tan abundante herencia no son de extrañar los ataques a la Ley de Memoria Histórica y sus indisimulados incumplimientos. En 2002, el PP condena en el Congreso la represión de la dictadura pero no condena la dictadura de Franco. El truco pretendía legitimar el golpe fascista contra la 2ª República y fue recogido así por la prensa internacional, incluido el conservador Financial Times que acusó al PP de no romper vínculos con la dictadura. Otro episodio sonrojante fue el vivido el 4 de julio de 2006 en el Parlamento Europeo.
 Aquel día, todos los parlamentarios, salvo los del PP y dos polacos, ambos de extrema derecha, condenaron el franquismo.Han sido múltiples las ocasiones en las que políticos del PP, concejales, alcaldes, o presidentes de comunidades autónomas se han negado a condenar la dictadura o retirar medallas, honores, o simbología de la dictadura fascista. La excusa más común a la que suelen recurrir es que “forma parte de la historia, como la invasión romana”.
Ejemplos tenemos en Sada, Granollers, Reus, Mallorca, Elche, donde el PP se abstuvo o votó en contra. En Pamplona, la medalla fue retirada en 2007 con la abstención de UPN, el PP Navarro. Una concejal fascista de UPN amenazó con la siguiente frase a quienes votaron a favor: tened cuidado que el pasado siempre vuelve”. En Castellón, la diputación presidida por Carlos Fabra financió un libro que exalta la dictadura franquista y califica de golpe de Estado la victoria democrática del Frente Popular en las elecciones de 1936. El pleno de la Diputación de Alicante rechazó con los votos del PP una moción socialista en la que se pedía retirar el nombramiento de hijo adoptivo y predilecto de la provincia al general Francisco Franco.En 1997 a alguien se le ocurrió destinar casi 1.000 millones de pesetas del erario público a la creación de propaganda de lujo.
La idea plasmada en las biografías elaboradas por la Real Academia de la Historia de negar el carácter fascista y dictatorial del régimen de Franco y separar al franquismo del totalitarismo coincide con las denuncias al movimiento revisionista de la Historia que intentó impulsar Esperanza Aguirre cuando desempeñó la labor de Ministra de Educación y Cultura. En la segunda legislatura de Aznar, ya con mayoría absoluta, el disfraz de “centrista” no era necesario y el PP agradeció a los ultraderechistas su voto útil subvencionando a la Fundación Francisco Franco. La excusa fue que había que modernizar los archivos y estos eran de consulta pública.
Lo cierto es que los historiadores tienen vetado el acceso a dichos archivos salvo que sigan la línea ideológica de Pío Moa. Actual y sonada ha sido la actuación de la alcaldesa popular de San Sebastián de los Ballesteros, en Córdoba, quien se negó en rotundo a inaugurar un monolito a los fusilados del franquismo en el cementerio municipal y que estaba comprometido por la anterior corporación. También han levantado mucha polémica los incidentes ocurridos en Poyales del Hoyo, en Ávila, donde el alcalde conservador desmanteló un mausoleo en recuerdo de varias víctimas de fusilamientos para después arrojar los cuerpos a una fosa común.
Esta actuación provocó una manifestación en la plaza del pueblo, convocada por asociaciones de memoria histórica, y que acabó con altercados con los vecinos. En Valladolid, el pasado 23 de julio, más de sesenta mil personas, en su mayoría falangistas, estuvieron presentes en la inauguración del monumento homenaje a Onésimo Redondo sobre el alto del cerro de San Cristóbal, a cinco kilómetros del centro de la capital provincial.
Una herida profunda a las víctimas del franquismo la abrió José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, al leer la declaración del Congreso al cumplirse 75 años del inicio de la Guerra Civil. No sólo rehusó condenar el régimen y el golpe de Estado de 1936, tampoco diferenció entre vencidos y vencedores y no tuvo un recuerdo especial a los que defendieron la legalidad de la Segunda República.En Castilla La Mancha no somos la excepción y vivimos también el resurgir del franquismo. Contamos con un Partido Popular especialmente tolerante con la simbología y los personajes relacionados con la dictadura, muy refractario a cambiar nombres de calles de sus héroes patrios y raudos para recuperar las que se perdieron con gobiernos de izquierda.
Estos días andan envalentonados con la victoria de Cospedal, campan a sus anchas y se atreven con todo. Ejemplo de ello es el Ayuntamiento de Mota del Cuervo que va a reponer la Cruz de los Caídos situada frente a la iglesia parroquial de San Miguel y mantendrá otra en el cementerio. Todo ello después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha haya aceptado la petición presentada por el nuevo alcalde del PP, de desistir en este procedimiento y se haya archivado la causa.
 Así se pone fin a un proceso que se inició en el año 2008 cuando se decidió retirar estos símbolos en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. Una decisión que contó con los votos de los ediles de IU y PSOE y por la que el anterior alcalde recibió amenazas de muerte.Mucho más atrevido ha sido el acto organizado por el Ayuntamiento de Méntrida, gobernado por el PP, el pasado 7 de septiembre, con la participación del Ejército y que ha sido muy criticado por el Foro por la Memoria e Izquierda Unida. Según la información que difundió el propio ayuntamiento, el programa de sus fiestas patronales incluía un Homenaje a la bandera y a los caídos por Dios y por España. IU consideró dicho acto como anticonstitucional y pidió su anulación al ayuntamiento y a la subdelegación del Gobierno.
El Foro por la Memoria solicitó a la ministra de Defensa, Carme Chacón, que evitara la participación del Ejército en dicho acto. Ni una cosa ni otra, el acto se desarrolló según lo previsto aunque su alcalde, José Sánchez, pidió públicas disculpas por lo que según él había sido un error. La solución salomónica fue eliminar la palabra “dios” de la cartelería del acto. Rozando el esperpento se sitúa el alcalde popular de Villamayor de Calatrava. Juan Antonio Callejas ha decidido cambiar el nombre a las calles Tierno Galván, Pablo Iglesias y Pablo Neruda porque, según él, son personajes poco conocidos y que nada han hecho por su pueblo. Ser noticia parece no importarles. Solo así se entiende que el alcalde de Horcajo de Santiago (Cuenca), también del PP, haya decidido recuperar una calle para José Antonio Primo de Rivera y quitársela al que fuera alcalde republicano, Pedro López Brea.
La simbología franquista, así como los hijos del franquismo están muy presentes hoy día en nuestros pueblos. En Carrascosa del Campo (Cuenca) son archiconocidas las banderolas con símbolos fascistas que se instalan en las calles del municipio con motivo de las fiestas patronales. En la capital regional circula el boca a boca de la guía turística fascista y en Ciudad Real sobrevive un poblado de colonización que rinde honores al “caudillo”. Se llama Llanos y su cartel es bien visible en la autovía de Andalucía. Castilla La Mancha no es una excepción, el pasado franquista vuelve para quedarse, al menos mientras gobierne el PP.Es preocupante que amplios sectores de la derecha española se hayan lanzado a repetir los argumentos franquistas para la legitimación del levantamiento militar.
No es rara esa posición del PP si tenemos en cuenta de quienes son herederos directos. Buen número de hijos del franquismo han ocupado y ocupan puestos relevantes en la política nacional. La lista es larga y aquí solo citamos los nombres más conocidos.Publicado en Crónica Popular 
 

Los errores del Ministerio de Justicia

Muchos de nosotros, seguramente, hemos visitado la web del Ministerio de Justicia www.mapadefosas.mjusticia.es para ver que se decía de nuestras fosas de Ocaña 439/2009 TOLE.

Ya es la segunda vez que remitimos al citado Ministerio los errores lógicos de los principiantes, es normal que cuando se inicia un trabajo de cierta envergadura haya errores. Pero lo que no nos parece normal es que cuando se hayan escrito en su misma web las oportunas rectificaciones, estas, sigan sin aplicarse en la web del Ministerio.

Entre los muchos errores en lo referente a las fosas de Ocaña, el mas grave de todos es en el que se afirma que en Ocaña hubo fusilamientos en el periodo comprendido entre 1936 y 1939 sin ningún tipo de juicio.

Esta afirmación es falsa al día de hoy, por dos motivos fundamentales, uno, consultados los Registros Civiles en ese periodo, es cierto que aparecen muertos victimas de los bombardeos de la aviación fascista, entre ellos un niño de corta edad, pero para nada aparecen personas fusiladas.

Dos: La localidad de Ocaña, estuvo en manos republicanas hasta el final de la Guerra Civil, mas concretamente hasta el 20 de Marzo de 1.939, y consultado ese periodo no hay personas fusiladas ni de muerte dudosa.

En Ocaña, aparece el primer posible “paseado” el 1 de Abril de 1.939, natural de Mohedas de la Jara que muere en la casa del Aljibe de ¿múltiples lesiones?.

Le sigue un madrileño de 30 años que aparece su cadáver en la Senda de Sta Maria y la causa de la muerte es “hemorragia pulmonar y cardiaca” según consta en la partida de defunción.

Es el día 28 de Abril de 1.939 cuando se inician los fusilamientos masivos, y este día, fusilan a 10 personas (1 vecino de Huertas de Valdecarábanos que nació en Nerva provincia de Huelva); 6 personas nacidas y vecinos de Noblejas (Toledo); 2 personas nacidas y vecinos de Ocaña (Toledo); y, 1 persona nacida y vecino de Tembleque (Toledo).

Y que nosotros tengamos constancia y sin haber terminado la investigación, los fusilamientos continúan hasta el 2 de Febrero de 1.954, con el asesinato de dos personas: un carpintero de Huete (Cuenca) y un jornalero de Huerta del Marquesado (Cuenca) cuya causa de muerte según las partidas de defunción es: heridas por arma de fuego producidas por ejecución de sentencia

Queda por tanto claro, que en Ocaña los fusilamientos alcanzan al 1.954 y no hasta 1.945 como afirma la página del Ministerio de Justicia; tampoco se producían en las tapias del Cementerio, como también afirman en la citada web del Ministerio; se producían en un Hoyo en los aledaños del Cementerio; y aún, queda mucho por investigar, y no descartamos que se produzcan nuevos datos que aumenten considerablemente el número de asesinados.

Esperamos que esta reflexión produzca un intenso debate en nuestro foro, que para eso está.

 

LOS MUERTOS NO VOTAN.....

    El pasado sábado día 4,  se celebro en Toledo un emotivo acto por el que se homenajeo a las víctimas de la dictadura franquista,  y a la vez se inauguró un monumento que recuerda especialmente a los hombres y mujeres sepultados en el cementerio toledano después de haber sido asesinados por la barbarie fascista.

Como no podía ser de otra forma y como persona comprometida que soy con el movimiento memorialista y sensible y solidaria con las víctimas,  no dudé en asistir y lo hice, sin pensar en quien convocaba dicho acto.Las banderas tricolor ondeaban, los sentimientos y las emociones a flor de piel y sobre todo el cuerdo, el reconocimiento y el respeto a todos los que fascismo segó sus vidas.

Frente a estas emociones mi desconcierto y desasosiego al comprobar que ningún miembro destacado del PSOE ni local, ni provincial ni regional se encontraba entre los presentes,  parece que mi partido el PSOE,  se olvida de que muchos de los represaliados lo fueron por militar en sus filas  o en la UGT, organización que tampoco estaba representada.

Si buscamos connotaciones políticas en este acto en concreto para mí solo hay una LA IZQUIERDA, independientemente de cuáles sean las siglas de la organización convocante; los represaliados lo fueron por ser de IZQUIERDAS, por defender la legalidad democrática, por defender la libertad  y no creo que tengamos que hacer ningún tipo matiz o distinción.

 Y para terminar con esta breve reflexión, solo apuntar una cosa: debemos estar siempre donde se honre a los NUESTROS, ellos no votan, sus familias si lo hacemos y por supuesto votamos a LA IZQUIERDA, porque tenemos claras nuestras ideas, somos fieles al legado que nos dejaron, y aunque estas manifestaciones públicas de recuerdo y consideración carezcan del glamur de los actos multitudinarios a los que nos tiene acostumbrada la derecha, y donde parecemos movernos como pez en el agua,  aunque esta sea incluso defenestrada por sus vacilaciones y coqueteos con otras tendencias,  los NUESTROS SE MERECEN RESPETO Y CONSIDERACION, y una forma de demostrárselo es no obviar ni esta ni ninguna manifestación de solidaridad, la convoque quien la convoque.

 Carmen Díaz Escobar         

 
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