Opinión

Julián Zubieta : " ¿Por qué es necesario cuestionar e investigar el franquismo ?

Esta es una cuestión frecuente, sobre todo entre los que no tienen ninguna relación con las víctimas de la Guerra Civil, o entre los que cuentan en su familia con elementos que de alguna manera actuaron en dicha contienda, eso sí, normalmente a favor de los que resultaron vencedores.

Desde luego, a otros ni se les pasa por la intención sugerirse esta interrogación, ni ninguna otra, lo cual todavía es peor, porque no esperan ninguna respuesta, se conforman con lo dispuesto por los poderes institucionalizados en una democracia elitista, similar a la de Pericles en el siglo V a.c. en Grecia – donde la coyuntura presentaba unos desequilibrios sociales alarmantes para el poder democrático, establecido por la opulencia rica e ilustrada de armadores y comerciantes, de manera, que organizaron un mínimo de distribución como paliativo para impedir que el conflicto tomase un carácter agudo, además, así, se aseguraban la participación de todas las clases en favor de la hacienda estatal, y, de paso, se aseguraban una clientela, normalmente los ricos, que pudiese ejercer los derechos políticos.- Un método muy similar a lo que experimentamos ahora, los ricos sostienen la democracia, “la fortuna de los ricos es el tesoro del Estado”, advirtiendo, con medidas coyunturales, como los griegos, a los pobres, que el dinero estatal no debe servir para su sustento.

Ya se les concederán créditos europeos.Pues bien, alrededor de esta pregunta se me ocurren otras cuestiones que quizás, con su contestación, vayan despejando las incógnitas democráticas que se formulan en el título de este artículo, como por ejemplo : ¿Por qué, no nos cuestionamos la monarquía hereditaria, impuesta por el franquismo y blindada de la crítica por el poder mediático ? ¿Por qué, aceptamos un modelo de nación que no convence a un alto número de sus habitantes ? ¿Por qué, no dudamos de una Iglesia católica que apostó por el franquismo, sobre todo para cuidar y educar a la infancia de su país, y que a día de hoy no ha aclarado su postura desde la Conferencia Episcopal ? ¿Por qué, admitimos un poder judicial de descarado corte ultraconservador, con genuinas raíces reaccionarias ? ¿Por qué, después de la muerte, en la cama, del dictador no se instauró el régimen político en vigor antes de la contienda bélica ? ¿Por qué, cuesta reconocer los campos de concentración, de extermino y de trabajo en suelo español ? ¿Por qué, el Estado no asume la búsqueda de los desaparecidos ? ¿Por qué, la cultura de los exiliados y de los ejecutados no es recogida oficialmente en un centro público para uso de los ciudadanos ? ¿Por qué, los artistas, científicos, doctores, maestros e intelectuales, entre otros, fueron perseguidos con encono y aniquilados sin más razón aparente ? ¿Por qué, la mujer fue institucionalizada como un objeto secundario al servicio del hombre y para el hombre ? ¿Por qué, los servicios bancarios no han renunciado a sus ganancias en el régimen franquista ? Como digo, estas interrogantes tan sólo abren un abanico de poco vuelo. Un abanico que con su escaso movimiento refrigere un poco la fiebre de silencio que invade los muchos secretos que, creo, pueden tener su contestación por medio de la caja negra inicial : ¿Por qué es necesario cuestionar e investigar el franquismo ?

Los revisionistas, los que fijan el comienzo de la Guerra Civil en las huelgas de 1934, los que defienden la utilidad actual de la Ley de Amnistía de 1977, los que como Savater definen la Guerra Civil como una contienda donde se cometieron innumerables asesinatos de seres humanos de una y otra ideología, los que piden el olvido de lo que consideran un error histórico, todos ellos se olvidan de que la guerra acabó y que las depuraciones siguieron durante casi cuarenta años, beneficiando tan sólo a los vencedores. Se olvidan de que el franquismo fue un régimen aislado mundialmente, autárquico en su ser, donde se enriquecieron los terratenientes, los cargos eclesiásticos, los oportunistas políticos, los títulos nobiliarios, los bancos y los capitalistas sin escrúpulos, que en su ansia de mantenerse independientes y dominar las parcelas de poder a su cargo, paralizaron cualquier asomo de progreso en este país, evidenciando, de esta manera, que el franquismo fue un movimiento que favoreció indistintamente a los ricos y a las elites afines a su ideología genocida.

El franquismo fue tan arrogante que dejó constancia de su terror en diferentes soportes mediáticos : burocracia estatal, prensa, cine, teatro, literatura, ilustran el período dictatorial con todo lujo de detalles, creyendo que su poder no se agotaría nunca. Estos documentos forman el cuaderno de bitácora de su historia, la caja negra antes mencionada, que da respuesta a nuestro presente. De la pregunta inicial se infiere que la opinión pública se sorprende de que con los problemas de la sociedad actual, los historiadores y académicos se planteen estudiar el franquismo y que los familiares de los desaparecidos intenten que los asesinos de los suyos, por lo menos, purguen sus delitos moralmente, ya que la reparación económica es imposible, por su desmesurado tamaño. En contestación a ello, insisto, la lectura del cuaderno franquista, nos traslada a unos hechos reales y verificados por la caja negra.

Tras presenciar durante casi treinta y cinco años de democracia coyuntural, como experimentamos en la actualidad, enferma en sus cimientos por la aluminosis franquista, tras sentir la dejadez oficialista sobre la memoria de los desaparecidos, –sé que la memoria es un acto individual, pero cuando el sufrimiento de muchos es similar podemos afirmar sin rubor que es un sufrimiento colectivo, por lo mismo es de recibo insistir en la memoria colectiva de los desaparecidos a manos de los franquistas-, ha despertado en el horizonte de las dudas, la inquietud de sus nietos por su memoria. Esta memoria es un espacio de luz y verdad que nace con el objeto de documentar y convertirse en el icono de nuestra barbarie.

Y, por lo que yo sé, nunca un documento debe perder su fundamento original, por lo tanto la lectura del cuaderno de bitácora franquista es indispensable para el presente y el futuro. Es de conocimiento general, que para que exista un amplio acuerdo sobre los valores predominantes, las sociedades tienen que alcanzar un grado alto de consenso valorativo sobre las expresiones históricas más espinosas. En este aspecto ¿quién puede negar que los muertos, tanto en la guerra, que son muchos, como los que fueron ejecutados donde no hubo frente de guerra, no merecen un reconocimiento moral ?El drama de la Guerra Civil no puede permanecer eternamente sellado.

 Como dice Dario Fo sobre Italia, “en este país se abren las investigaciones a todo bombo, pero sólo eso, se abren y luego…”, igual que Garzón, abre la lata pero no saca el producto. Una sociedad que reniega de su pasado, no puede construir nada para el futuro. Si no somos capaces de asumir la tragedia, por mucho tiempo que haya pasado desde la muerte del dictador, o como dice Savater “…nunca se habría llegado a la democracia actual sin renunciar a un ajuste de cuentas absoluto : haber padecido los crímenes de ayer y arteriosclerosis hoy no mejora la lucidez política a nadie”, en su caso esta claro, en los de las víctimas también, están muertas y desaparecidas. Otros están muertos y blindados en mausoleos, igual se refiere a éstos.

Ese es nuestro pasado, de manera que es necesario integrarlo en la identidad social para intentar que no se repita. Es necesario socializarlo e impregnarlo pedagógicamente. Olvido no es silencio y mucho menos ignorancia. La despersonalización a la que han sido sometidos los desaparecidos durante casi un siglo –desde 1936-, despojados y transformados en un recuerdo anónimo, a veces, tan sólo identificados por la historia de unos sucesos que no se pueden cerrar en falso, se deben conocer y reconocer oficialmente.

Es, como digo el icono de nuestra barbarie social. Uno más, entre los que se olvida la historia oficialista.Muchos de los acontecimientos que nos afectan en la actualidad tienen su cuna en el régimen anterior : desigualdad económica y de género ; antagonismos políticos que no saben polemizar dialécticamente, aparcando a la función política en la mediocridad ; empresas monopolizadoras de carácter privado que no saben salir de la crisis sin apoyo estatal ; un terrorismo fosilizado. Por eso, y por otras incógnitas, hay que investigar y cuestionar el régimen franquista, porque es el origen muchos de los problemas que nos acompañan en la actualidad, mal que les pese a los defensores de la Teoría de los dos Demonios, la misma que defendía en Argentina Ernesto Sábato –que condenaba la violencia sin diferenciar entre la dictadura y quienes la combatían-.

Tras el análisis de la caja negra franquista, los resultados demuestran que necesitamos reabrir el ágora de la comunicación como espacio referente, abandonando el canon oficialista, un espacio que estimule el pensamiento y el debate, que avive la polémica y el raciocinio erradicando la violencia del más fuerte, y desde luego, donde prime la ausencia de símbolos y banderas. Para los escépticos, tan sólo recordarles que uno de los secretos del veneno ha sido encerrar la virtud curativa si se le sabe destilar, si se estrujan y analizan sus fuerzas ocultas debidamente. No se le perdona a un hombre durante semanas, meses, años, décadas, la imposición del miedo que destroza el alma con la incertidumbre y paraliza la voluntad de los individuos ; nunca ha podido soportar largo tiempo el ser humano la dictadura de un solo hombre sin odiarla.

Y ese odio de los sometidos fermenta subterráneamente en todos los círculos. Cuanto más duramente y más tiempo domina el dictador, más crece la antipatía contra la voluntad desmedida.Para finalizar unas palabras de Isabel Piper, psicóloga chilena, servirán de contestación a los que se hacen la pregunta del título :“…lo que está en pugna no son sólo las interpretaciones del pasado, sino los significados que somos como sociedad y de nuestros futuros posibles”

 

 

¿La amnistia contra la constitución?

JAVIER PRADERA  EL PAÍS  -  España - 05-05-2010

Cualesquiera que sean sus auténticas motivaciones (reivindicar sinceramente a las víctimas del franquismo o replantear hipócritamente las reglas de juego político), las iniciativas para invalidar la Ley de Amnistía de 1977 han pasado a formar parte de las corrientes revisionistas de la Transición.

 La teoría según la cual la amnistía habría sido la formalización jurídica de un pacto político de silencio sobre los crímenes del franquismo suscrito por la oposición, atemorizada y empequeñecida ante los herederos de la dictadura, no es sólo una vileza moral para los derrotados en la Guerra Civil y los opositores que poblaron las cárceles de la dictadura; también pone al descubierto la ignorancia de los forjadores de la fábula.

 Esa peregrina tesis sólo podría ser tomada seriamente en algún debate entre las dos ramas más frikis del revisionismo histórico sobre la Guerra Civil: la escuela de historiografía policial acaudillada hoy -nunca mejor dicho- por Pío Moa y la cuadra de publicistas que niegan el carácter democrático del sistema político actual y lo consideran franquismo disfrazado.Al mismo registro de simplezas derogatorias pertenece la elevación a categoría jurídica de ley preconstitucional la obvia constatación cronológica de que la amnistía de 1977 abrió la actividad de las Cortes que se cerraron con la aprobación de la Constitución de 1978.

La fraudulenta equiparación entre la Ley de Amnistía, promulgada por el primer Parlamento democrático elegido tras cuatro décadas de dictadura, y las auto-amnistías autocráticas (Franco amnistió en 1939 los delitos políticos por afinidad con el Movimiento Nacional entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936) injuria a los diputados que la votaron y falsea la historia de su elaboración.

La amnistía fue una iniciativa de los partidos recién salidos de la clandestinidad boicoteada por los nostálgicos del franquismo. Sin la amnistía de 1977 no existiría la Constitución de 1978: forma parte de su génesis y empapa su articulado. La reconciliación entre vencedores y vencidos fue el cimiento de una Constitución que descansó por vez primera en la historia de España sobre el consenso social.Otras circunstancias, fuera de la estupidez o la mala fe, ayudan a entender -aunque no a justificar- esa inesperada puesta en la picota de la Ley de Amnistía de 1977.

Durante las dos décadas siguientes a la Transición española, en el marco de Naciones Unidas se aceleró el proceso de codificación de los instrumentos del Derecho Penal Internacional que castigan y consideran imprescriptibles las más graves violaciones de los derechos humanos. Los tribunales especiales sobre los crímenes en Ruanda y la antigua Yugoslavia anunciaron la Corte Penal Internacional. Los responsables de algunas feroces dictaduras latinoamericanas pagaron parcialmente sus culpas.

De manera ilógica, los contornos aún brumosos de ese nuevo Derecho Penal Internacional convencional o consuetudinario en proceso de formación están siendo utilizados inadecuadamente para impugnar la validez de la Ley de Amnistía; la excelente monografía de la profesora Alicia Gil Gil sobre La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica (Atelier, 2009) demuestra, sin embargo, la inaplicabilidad de esos recientes desarrollos a los hechos de la Guerra Civil española.

Los horrores de la primera mitad del siglo XX sensibilizaron a la opinión pública mundial a favor de la defensa de los derechos humanos. Entre el final de la II Guerra Mundial y el Estatuto de Roma fueron aprobados numerosos convenios preventivos y sancionadores de crímenes susceptibles de persecución universal. Los Estados firmantes de esos tratados vinculantes para el futuro están obligados, sin embargo, a respetar los principios de legalidad penal, prescripción de los delitos e irretroactividad de las normas desfavorables respecto a los hechos producidos con anterioridad al momento de la adhesión.

En octubre de 1977, España no había tipificado penalmente ni declarado imprescriptibles en su derecho interno los delitos de lesa humanidad ahora incorporados al artículo 607 bis del Código Penal. Mal hubiese podido la Ley de Amnistía exceptuarlos de su ámbito pese a quienes desean derogarla precisamente por no haberlo hecho. 

 

España postgenocidio (I) No son “sentencias”, son crímenes de guerra

NUEVATRIBUNA.ES

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo...

 

 

Ni “sentencias” con defectos, ni “sentencias” ilegítimas, ni “sentencias” injustas – lo último que se le ocurrió a la Vicepresidenta Fernández de la Vega al hablar recientemente del caso de Miguel Hernández –. Es que no son sentencias: son crímenes de guerra.

Actos criminales contrarios a la Convención de Ginebra y al mismo estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en su artículo 8.2.c) iv, define expresamente como “crimen de guerra” (imprescriptibles, inamnistiables…):

“Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.

Y sí, ya sé que, como no estamos en un Estado de Derecho de verdad, a nuestras autoridades lo de la convención de Ginebra (nada menos), el Estatuto de Roma y todo lo demás no les importa lo más mínimo mientras no les cueste votos…pero no por ello hay que dejar de denunciarlo claramente y con los instrumentos internacionales en la mano, aunque solo sea por llamar las cosas por su nombre y tal y como las definen los tratados suscritos por España ya que, al parecer, las autoridades españolas no se sienten en la obligación de hacerlo.

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.

Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exáctamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.

Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelias criminales del fascismo español como actos de “derecho”.

El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.

Y no me refiero sólo a las condenas de muerte, también a todas las demás condenas dictadas “sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, como he citado más arriba.

Son actos criminales que no pueden, ni deben, seguir siendo considerados hoy como “derecho”, ni llamados “sentencias” por nadie, por mucho que los criminales así lo pretendieran para encubrirse y tan, tan bien, ay, les haya salido la jugada durante todo este tiempo. El artículo 8 del Estatuto de Roma lo define bien claro.

Y por eso no puede tratarse tampoco únicamente de la nulidad de todas las “sentencias” del franquismo – primera medida a emprender – sino, más ampliamente, del cumplimiento de todos los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia los “sentenciados”

De modo que, tratándose de crímenes de guerra contra excombatientes y población civil protegida, es igualmente obligado impulsar también la apertura de una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento judicial de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a través de la aplicabilidad del legado de Nuremberg que el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos ofrece.

Y sin olvidarse de otorgar a todas estas víctimas, y muy especialmente a todos los asesinados y a sus familias, su pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas; sin saltarse ninguna de las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:

1- La nulidad de todas las “sentencias” y “tribunales” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen fascista de Franco para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de sus familiares.

2- Una petición pública de perdón por parte de las autoridades del Estado por todos los crímenes y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la muerte de Franco, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.

3- La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a todas estas victimas y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con los nombres de los asesinados y represaliados como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4- La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en el material didáctico a todos los niveles.

5- La nulidad de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria.

Todos estos deberes de Estado son los que se está saltando cada representante público que sale hablando de “sentencias”; saltándose todo eso, faltando a la verdad, y al respeto, a los represaliados por el franquismo y a sus familias: llevando a cabo una intolerable injerencia en el derecho al honor de todas esas personas olvidadas y pisoteadas, mucho mayor si cabe al hacerlo desde el ejercicio de sus cargos públicos, con mayor daño para las familias.

Y acaso el error ha sido ese: el ser tan comedidos y no haber emprendido antes acciones legales y una firme campaña de denuncia pública para proteger el derecho al honor de todas esas personas y sus familias contra todo cargo institucional que se atreva a actuar de esa manera.

Si ellos se permiten hablar una y otra vez, públicamente, de “sentencias” y de “tribunales” al referirse a masacres y fusilamientos criminales de los defensores de nuestra República, pasándose por las narices la Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma, Nuremberg, las Resoluciones de Naciones Unidas y lo que haga falta, ¿no debemos también todos nosotros llamarles cómplices del franquismo, genocidas de la memoria, e ir tomando buena nota de hemeroteca para que dentro de dos años les sigan insultando si se atreven, pero desde su casa?.

Verdad, justicia y reparación, ya.
 

 

 

"Lo que no se puede explicar"

La ley de la memoria entre el PSOE de Ferraz y el PSOE de las Fosas.“Lo que no se puede explicar, no puede ser justo”. Con estas palabras de altura – que en tan mal lugar deja recientes peinetas y tantas otras salidas de tono de otros personajes públicos – respondió este mismo viernes el ex presidente del Gobierno, Felipe González, al ser preguntado por el procesamiento del Juez Garzón.

Un procesamiento injusto

En efecto, el auto del juez Varela – que da la espalda a todo el derecho internacional conocido – ni es explicable, ni puede ser justo.

Una ley injusta

Pero la ley de la memoria del PSOE, con su sistema Ikea de “exhúmelo usted mismo” (a su padre, a su madre, a su hermano asesinados...) incurre, exactamente, en los mismos planteamientos de Varela y da la espalda, uno por uno, como si no existiesen, a todos esos mismos tratados que este último desatiende. 

Búsqueda oficial ipso facto

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia obliga en su actuación a todos los poderes del Estado, lo ha reiterado hasta la saciedad: "El mero hecho de que las autoridades sean informadas del asesinato de un individuo da lugar, ipso facto, a la obligación, bajo el artículo 2 de la Convención, a llevar a cabo una investigación efectiva acerca de las circunstancias que rodearon la muerte (...)" (Seker contra Turquía); "(las autoridades) no pueden dejar esta cuestión a la iniciativa de los parientes para plantear una denuncia oficial o asumir la responsabilidad por el impulso de cualesquiera procedimientos de investigación". (Kelly contra el Reino Unido).

El derecho internacional existe

Y se ve que Varela aún no se ha enterado de esto, pero, lamentablemente, nuestra ley de la memoria, en la que precisamente Varela también se apoya, tampoco. Una ley copiada en realidad, ay, de la Orden de Franco sobre exhumaciones de 1 de mayo de 1940 (BOE de 09/05/1940) y que por eso encomienda el impulso, la búsqueda, y todo, a los parientes, previa autorización administrativa y sin mencionar siquiera, ni una sola vez, el caso de los “niños perdidos” internacionalmente denunciado por el Consejo de Europa el 17 de marzo de 2006: como si la responsabilidad de Estado de buscar a los desaparecidos no fuese la de buscar a todos los desaparecidos...

¿Cuántos desaparecidos habríamos restituido?

¿Cuántos desaparecidos habríamos podido restituir ya a sus familias en estos dos años si nuestra ley “socialista” se hubiese limitado a copiar con normalidad al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en vez de a Franco, y en los artículos 11 y siguientes se hubiese previsto, entre otras cosas fundamentales, la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y de una Base Nacional de Datos Genéticos, que los argentinos tienen creada por ley hace ya casi 25 años? Casi 25 años para sus 30.000 desaparecidos y sus 800 niños perdidos y aquí andamos por los 143.353 desaparecidos y los ¿30.000? niños perdidos... (Ley Nacional argentina 23.511/87 que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos).

Lo que tampoco se puede explicar

De modo que tras mucho preguntarme el porqué y el cómo ha sido posible toda esta actuación chapucera y frontalmente contraria a los derechos humanos de desaparecidos y familiares, tan impropia del PSOE – frontalmente contraria, insisto, a "derechos humanos", claramente definidos por el Tribunal Europeo, no a algún oscuro reglamento administrativo o recomendación tecnocrática – simplemente Felipe González nos ha quitado las palabras de la boca: "Lo que no se puede explicar, no puede ser justo".

¿Desde cuándo?

¿Desde cuándo el PSOE articula ninguna de sus políticas atendiendo a Franco y dando la espalda a todo lo que dice el derecho internacional? ¿No es el normal cumplimiento del derecho internacional y los mandatos de Naciones Unidas, su Comisión de Derechos Humanos, etc, lo que defendimos frente al PP de Aznar y todas sus ilegalidades internacionales en 2003? ¿Desde cuándo un tratado conservador de la Europa de hace 60 años – que Angela Merkel defendería sin pestañear – nos pasa a kilómetros por la izquierda en solidaridad y en compromiso con todas esas víctimas y sus familias que se siguen viendo privadas de sus derechos? Sufrimiento inhumano y violación del derecho humano a la vida familiar, entre otros...

Política de ocurrencias

Toda esta política de ocurrencias (“ilegítimo” por “nulo” y todo lo demás incluido) está mal desde el principio, desde su misma formulación de espaldas a todos los tratados internacionales - a todos, me ahorro la enumeración realizada en otros escritos -, es absolutamente incongruente con los postulados del PSOE y nos sume en una perenne política de huida hacia delante… cada vez más acorralada.

¿Criticamos la antijurídica doctrina Varela, de espaldas al mundo civilizado, cuando nuestra ley de la memoria es la primera que da carta de naturaleza legal a tales mismos planteamientos insostenibles que condenan hoy a Garzón?

¿Menor violación o mayor responsabilidad?

¿Las violaciones de derechos humanos cometidas por los propios son acaso menos violaciones o es mayor nuestra responsabilidad, y obligación, de romper el silencio y oponernos a las mismas, alto y claro, mientras se producen? ¿Cuántos de nosotros les pedimos a amigos votantes o militantes en el PP que diesen la cara y se desmarcasen de otras violaciones del derecho internacional por parte de Aznar?

¿El PSOE de Ferraz o el PSOE de las fosas?

¿A qué PSOE se referiría Pablo Iglesias con aquello de ser militante socialista para llevar el ideal de justicia a todas partes? ¿A un PSOE oficialista que le copia valientemente las leyes a Franco y engaña a nuestro propio país sobre cuál es el alcance real de los derechos humanos de sus ciudadanos – bastante más allá de una subvención – en caso de “desaparición forzada” de un familiar, o al PSOE que defendió nuestra República contra nazis, franquistas y fascistas y que aún está tirado en esas mismas cunetas?

Cercanía absoluta... y respeto a los derechos humanos

Y por eso me parece bien que Leire Pajín declare en estos días "la cercanía absoluta del PSOE con las víctimas del franquismo", pero si la ley de la memoria dejase, además, de violar directamente hasta cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (el 2, el 3, el 8 y el 13) me parecería mucho más sólido.

Apoyo al PSOE, pero no ninguna violación de derechos humanos

Por lo pronto en Facebook se acaba de crear el grupo “Apoyo al PSOE pero rechazo que la ley de la memoria viole varios derechos humanos”. ¿Llegaremos a ver también concentraciones a las puertas de Ferraz, con el “pásalo”, las incontables fotografías de desaparecidos que nuestra ley (¿socialista?) sigue hoy sin buscar de forma contraria al Convenio y todo lo demás?

Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas del franquismo, ya es hora.
 
 

“¿Dónde está escondida la extrema derecha? En Génova, 13”, atiza Sopena

El Plural.com

La bancada conservadora defiende en La Noria la legalidad de Falange

 

¿Debería ilegalizarse Falange? El 66% de las casi 15.000 personas que participaron en la encuesta de La Noria de este sábado respondió que ‘sí’, coincidiendo con la opinión de los analistas de la bancada progresista. El debate político evidenció anoche una línea divisoria clara entre los dos bandos. “En democracia no caben todos, no caben aquellos que no condenan la violencia y los crímenes franquistas”, sentenció Enric Sopena. Para María Antonia Iglesias, “es un ejercicio de cinismo que estos señores se cuelen por las rendijas de la democracia para burlarse de ella”. En cambio, del otro lado, se defendió que Falange continúe siendo legal porque también lo son partidos como el comunista y los nacionalistas, que pertenecen a la “extrema izquierda”.El director de El Plural puso el ejemplo de Batasuna, ilegalizado por no condenar la violencia de ETA, para sustentar su opinión de que “en democracia no caben todos”. Sopena afirmó que habría que preguntarle a Falange de manera rotunda si condenarían los crímenes del franquismo, los 40 años de totalitarismo y de falta de libertad. Si fuera así, podría pensar en su legalidad”, dijo.

Sopena: “Ansón tuvo que marcharse”
Sopena recurrió al oficio de periodista para recordar que “cuando los que gobernaban España eran estos señores, no podíamos estar aquí hablando, nos habrían detenido, y eso parece que algunos lo han olvidado”. El director de El Plural citó el caso de un profesional de derechas, Luis María Anson, “que tuvo que marcharse al exilio por defender la monarquía en aquel momento”.

Chulos fascistas
María Antonia Iglesias calificó el nombre de Falange como “siglas esperpénticas que suenan a horror, a brutalidad” y consideró “un ejercicio de cinismo que estos señores, estos chulos fascistas, se cuelen por las rendijas de la democracia para burlarse de ella. Son fascistas y no gilipollas, hay que ir con una cámara oculta para grabar de verdad lo que piensan, porque ya se cuidan ellos de no saltarse las reglas”.

Pum, pum
Enric Sopena recordó que el portavoz del PP ha declarado que su grupo 'tolera a Falange como corriente de pensamiento'.“Es pum, pum, no es pensamiento lo que defiende Falange, el único partido que existía durante la dictadura de Franco", agregó el director de El Plural.

Contra los nacionalistas
El periodista de Intereconomía César Sinde empezó su discurso enviando un mensaje de pretendido corte subliminal: “Condeno todo acto que vaya contra el derecho a la vida”, una frase que parecía más en consonancia con la conocida línea editorial de su casa contra la Ley del aborto que con Falange. Sinde reclamó que, por la misma regla de tres, tendrían que ser ilegalizados los partidos nacionalistas. “Si somos tan estrictos con el pedigrí democrático, y si exigimos democracia a Falange, quiero pedirlo a todo el mundo. En Francia, cualquier partido que quiera la independencia de un territorio es considerado ilegal”, sugirió.

Votos de urnas, votos de armas
El director de El Plural recordó a Sinde que “no son lo mismo los votos conseguidos a través de las urnas que a través de las armas”, aunque él no esté de acuerdo con las ideas independentistas. “No está prohibida la radicalidad si es democrática, lo que está prohibido es la violencia”, recalcó la periodista y escritora Pilar Rahola, que leyó algunos puntos incluidos en la Ley de partidos.

Nadie dijo nada cuando Sastre habló
Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, también defendió meter en el mismo saco a los partidos nacionalistas y a los de extrema derecha, como Falange, y recordó que el ex miembro de la desintegrada organización catalana Terra Lliure y actualmente sindicalista Carlos Sastre ofreció hace unos días una conferencia en la Universitad de Valencia y “nadie dijo nada”.

Durán: “Deben estar”
Junto a Rojo, Isabel Durán, colaboradora de Intereconomía, aunque inició su comentario adornando las palabras, al decir que “cualquier extremo que se salga de las ideas democráticas y constitucionales debe ilegalizarse”, terminó, como sus compañeros, defendiendo la legalidad de Falange: “Mientras se mantenga dentro de los principios de la democracia, deben estar”.

¿Quién habla de Joan Tardá?
Durán echó en cara a los otros que no dijeran nada sobre actitudes contra la Constitución como el acto de ERC, en 2008, en el que se quemó la Carta Magna y el diputado Joan Tardá lanzó el grito de ‘muera el Borbón’.

Falange y los que buscaron la democracia
Pilar Rahola subrayó que no se puede comparar a Falange “con el Partido Comunista, ni con Carrillo, ni con los nacionalistas catalanes, Convergencia o Esquerra, que lucharon por la democracia”.

Escondidos en Génova, 13
Sopena quiso hacer una reflexión a partir de un dato que siempre le resulta curioso. “¿Por qué un partido como Falange tiene unos resultados tan pequeños? -preguntó. ¿Dónde está escondida la extrema derecha?. Y  él mismo ofreció la respuesta: “En Génova, 13”.
 

 
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